Los límites de la intervención estatal

El papel que juega el Estado a la hora de intervenir en los asuntos de los ciudadanos es motivo de discusión. Muchas son las situaciones donde el Estado interviene en el comportamiento humano, y llegado a esa situación intenta modificarlo, con el único fin de proteger al individuo de sus propias decisiones.

Existen algunos casos donde la intervención está justificada, cuando la persona sobre la que se interviene no se ha formado. Pero los motivos siempre acarrean una serie de disputas, y el intervencionismo siempre conlleva polémica.

La misión del Estado debe ser de vigilancia, mantenerse al margen y sólo intervenir cuando el individuo que forma parte de la sociedad pueda perjudicar de forma directa o indirecta al resto de los ciudadanos, motivo por el cual sí está justificada la intervención estatal.

Se ha considerado que el Estado sólo puede intervenir en los asuntos referentes a la ética pública, esto es, aquellos aspectos que regulan la convivencia en la población. Pero aquellos aspectos que pertenecen a la ética privada de cada individuo y no interfieren en la comunidad deben quedar reservados a la conciencia de cada persona, a su manera de ver la vida y de vivirla. Puesto que el principio de toda sociedad democrática debería ser convive y deja vivir.

Algunos piensan, es el caso de Mill, que el intervencionismo del Estado no se debe llevar a la práctica, el único intervencionismo que se debería consentir sería el económico.

La prostitución es un tema que siempre está encima de la mesa, en mi opinión, el Estado siempre debe intervenir para erradicar las mafias o tratas de blancas que obligan a las mujeres a prostituirse. Además, debe facilitar a este sector las medidas sociales oportunas para su integración, así como sanitarias, psicológicas, de seguridad en caso de denuncias a sus captores, etc.

El problema radica en que los diferentes gobiernos se centran en la intervención policial y no se plantean una regularización que podría acabar con este problema. El negocio de la prostitución mueve mucho dinero al no estar regulada ni controlada por el Estado, motivo por el cual no estaría de más la intervención del Estado para solucionar este problema que dura ya muchos siglos.

Independientemente de lo que cada uno piense sobre la prostitución, hay que analizar el papel que tiene el Estado, con el fin de preservar la salud pública, y exigir el registro de las mujeres y hombres que se dedican al sexo de pago. De esta manera se tendría controlado el estado salud de los que ejerzan esta profesión.

Pero esta visión intervencionista del Estado tiene sus detractores porque vulnera el derecho a la libertad e intimidad. También, plantea la cuestión, si practicar la prostitución perjudica a terceras personas o a la moral pública.

Por otro lado, tenemos el caso de los matrimonios entre parejas del mismo sexo, la aprobación en España de la ley que regula los matrimonios entre homosexuales, el 30 de junio del 2005, ha levantado mucha polémica. La intervención estatal en este asunto ha dividido a dos partes, la ley aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero ha contado con el rechazo frontal de diversos sectores, entre ellos el PP y la Iglesia.

Se trata de un tema controvertido, sobre todo en lo que se refiere a su forma, en mi opinión es positivo que el Estado intervenga mediante una ley favorable a los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Creo que ello favorece uno de los derechos fundamentales del individuo, se trata de la igualdad y la libertad que tiene cada sujeto para decidir su forma de vida, con independencia de su tendencia sexual. Solo considerar como legal los matrimonios entre parejas heterosexuales viene a ser discriminatorio para el resto de personas que no pertenezcan a este grupo de la sociedad, y que por el mero hecho de no ser heterosexual no les da derecho a casarse y tener unos lazos de unión que sean legítimos ante la ley. En mi opinión, una de las principales misiones de la intervención del Estado en este caso concreto, es establecer unas bases de igualdad entre los individuos, con independencia de su condición sexual, por ello creo justificada la ley aprobada por el gobierno, a pesar de la fuerte oposición por parte de cierto sector de la sociedad.

Por otro lado, otro punto de desunión tiene que ver con el aprobado el 1 de enero del 2006, cuando en España entra en vigor la Ley Antitabaco, con ella se prohíbe fumar en todos los puestos de trabajo, la medida ha levantado mucha humareda. El Estado con esta medida pretende conseguir que los fumadores dejen el tabaco, así como que los no fumadores no se vean perjudicados por el humo y los perjuicios dañinos que este provoca. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen en el mundo cinco millones de personas como consecuencia del tabaco; como consecuencias del tabaco, el Estado gasta muchos millones de euros al año en Sanidad para cubrir sus daños.

Desde mi punto de vista creo excesiva la medida, ya que al prohibir fumar en centros de trabajo, indirectamente está perjudicando a los fumadores, creo que se les debería habilitar una zona para ellos y en ningún caso crear una persecución exagerada. Desde una perspectiva moralista, la medida legal de prohibir supone una postura drástica e impositiva.

Existe otra postura más paternalista y que aplica el Estado, el cual se preocupa por el bienestar y la salud de los fumadores, el Estado interviene con una ley que prohíbe fumar, y con esta medida mira por una mejor calidad de vida de los fumadores.

En definitiva, vivimos en una sociedad liberal en la que se supone que el Estado interviene mínimamente en nuestras vidas. Sin embargo, resulta curioso comprobar como las leyes velan por nuestra moral y nuestra salud de forma encubierta. Tanto las medidas paternalistas como las moralistas están presentes en nuestras vidas pero, ¿realmente depende del Estado decidir lo que es mejor para nosotros?, ¿está realmente coartada nuestra libertad cuando nos prohíben fumar, conducir sin el cinturón de seguridad puesto?

En conclusión, la intervención estatal tiene un objetivo final de defensa y protección del individuo, veo justo y acertado las leyes que permiten las bodas entre homosexuales, así como la ley antitabaco, en estos casos, creo que no se vulneran los derechos de las personas. Así como todos empezamos a aceptar que llevar el cinturón de seguridad o el casco en moto es obligatorio, deberían empezar a tomarse medidas en los temas relacionados con la prostitución o el mismo boxeo, temas también muy delicados y de difícil consenso.